Contexto
Chile se encuentra en un proceso histórico, afrontando preguntas centrales sobre una buena gestión de gobierno, su contrato social y modelo económico. A pesar del gran progreso económico y la reducción de la pobreza en los últimos años, el marco político existente ha sido insuficiente para seguir promoviendo el crecimiento de la productividad y la diversificación económica, mejorar los resultados del mercado laboral y abordar en mayor profundidad su desigualdad.
Es importante resaltar que las protestas de 2019 y 2020 exhibieron la vulnerabilidad del sistema socioeconómico, con manifestantes que demandaban un cambio en la dirección política y social del país. Además, La pandemia del covid-19 ha hecho que la economía se desplome, resultado de que se haya perdido más de un millón de empleos, afectando principalmente a las mujeres y a los trabajadores del comercio, la agricultura y hotelería, debilitando aún más a la frágil clase media. En relación con la contracción económica, el déficit fiscal aumentó a 7,5% del PIB en 2020, el más grande de las últimas tres décadas.
La deuda pública subió desde 28% en 2019 a 33% en 2020. Se espera que la pobreza haya aumentado desde 8,1% a 12,2%, haciendo que alrededor de 780.000 personas caigan en la pobreza. Las xonxexunxias de las restricciones de la movilidad y la incertidumbre fueron compensadas, por una de las respuestas políticas más grandes de la región. Esta respuesta envolvió transferencias en efectivo, un esquema de mantención del empleo, prórrogas y reducciones tributarias, provisiones y garantías de liquidez y retiros tempranos desde los fondos de pensiones.
Chile es el cuarto país del mundo, y el primero de la región, en tasas de vacunación per cápita. Con el objetivo de vacunar al 80% de sus 19 millones de habitantes para el 30 de junio de este año (objetivo que aún está en proceso). Otro factor que dará un impulso a la economía es la liquidez almacenada debido a los estímulos monetarios y a los retiros desde los fondos de pensiones. Aunque la incertidumbre frenará la recuperación de la inversión privada, la demanda doméstica se estimulará debido a políticas acomodadizas. Las exportaciones se deberían beneficiar gracias a los altos precios del cobre y a la sólida recuperación de las economías avanzadas. A pesar de todo esto, es poco probable que Chile llegue a los niveles anteriores a la pandemia hasta el 2022.
Estrategias
El apoyo del Grupo Banco Mundial a Chile incluye actividades del Banco Mundial y de la Corporación Financiera Internacional (IFC, siglas en inglés). A través de una combinación multisectorial, el Banco Mundial busca otorgar soluciones para los desafíos del país, para promover la igualdad de oportunidades en tres áreas principales:
- La protección social de los más vulnerables.
- La descentralización y el desarrollo regional.
- La adaptación al cambio climático para un desarrollo sustentable.
El Grupo Banco Mundial ha acompañado el proceso de desarrollo de Chile desde 1948, con la entrega de los primeros préstamos a un país no europeo. Con la apertura de su primera oficina en Santiago (Diciembre 2017), ha fortalecido su colaboración con Chile. Hoy en día, el Banco Mundial trabaja de manera cercana con 15 ministerios, 3 gobiernos regionales y más de 200 municipalidades, para entregar asistencia técnica y apoyar el diseño de políticas públicas en áreas prioritarias.
Otra función importante, es que El Banco Mundial apoya a Chile implementando enfoques innovadores para el desarrollo; principalmente a través de un programa de Servicios de Asesoría Reembolsables (RAS, siglas en inglés), que se ha triplicado en los últimos dos años, se realiza un trabajo continuo de diseño e implementación de mejores prácticas en programas de protección social, en deseosas metas medioambientales y climáticas, así como también en la incorporación de aspectos de igualdad y clima en los planes de inversión pública.
Resultados
En conexión con el Ministerio de Desarrollo Social y de Familia, el Banco Mundial se encuentra implementando Gestión Social Local (GSL), una sistemática para evaluar el desempeño y entregar de manera integrada los beneficios y servicios sociales, a nivel municipal. Esto no solo incrementa la entrega de apoyo, sino que también hace crecer la eficiencia del gasto público y los programas de apoyo, a través de una plataforma integrada. Considerando la importancia de la Gestión Social Local para la respuesta municipal ante los impactos sociales y económicos del covid-19, este programa se expandió a 232 municipalidades a lo largo de Chile. También se agregó un nuevo módulo para el apoyo al empleo, con un piloto en siete (7) municipalidades, que se ha extendido a otras 50 municipalidades durante este año.
En coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, apoyamos al programa Clase Media Protegida. Aunque la clase media chilena ha estado creciendo en la última década, ciertas situaciones catastróficas se han reconocido como áreas donde una respuesta de política pública podría comprimir significativamente la movilidad descendente hacia la vulnerabilidad o la pobreza. Adicionalmente, se trabaja con el Ministerio de Salud, la sociedad civil y los Parlamentarios para destacar la Ley Ricarte Soto, que entrega apoyo ante enfermedades de alto costo.
Junto con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, se realizó un estudio para evaluar el estado de la construcción en madera en el país, y el potencial para la construcción manufacturada de madera. Así es posible ayudar a superar el déficit de viviendas sociales, a la vez que se desfallece el crecimiento y se domina el impacto de la construcción sobre el cambio climático.
La Conferencia de las Partes (COP, por su sigla en inglés) incluyó un mapa de ruta para el carbono azul en Chile. Junto con el Ministerio de Agricultura, se realizó un estudio sobre el agua y la irrigación, donde entregó datos actualizados.
Bajo el marco del Programa de Colaboración RAS (en el 2019 y el 2020), con el Ministerio de Hacienda se comparten lecciones y mejores prácticas internacionales para el diseño y la implementación de reformas de descongestión fiscal.